PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, SANCIONES FINANCIERAS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, la cuarta Directiva Europea 2005/60/CE de 26 de octubre, en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (traspuesta correspondientemente en España en la Ley 10/2010, del 28 de abril), entre otras, establece que todos los Sujetos Obligados definidos implanten medidas de control y seguimiento sobre todas las personas físicas y jurídicas con las que quieran establecer una relación de negocio, a fin de cumplir con la diligencia debida establecida.

 

De la misma manera, ya sea como referente internacional, o como requerimiento obligatorio para poder operar en Estados Unidos y/o con sus empresas/instituciones, las políticas del Departamento del Tesoro de EEUU, a través de OFAC (Office of Foreign Assets Control) establecen sus propios mecanismos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

 

El incumplimiento de dichas normativas puede implicar, por ejemplo en España, la imposición de importantes sanciones por parte de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que pueden alcanzar cuantías superiores a 1,5 millones de euros e incluso la retirada de la licencia para operar, además del coste que supone el riesgo reputacional de ser objeto de sanción de cara al desarrollo de su actividad futura. En el caso de EEUU puede significar la prohibición de operar ya no solo en su territorio sino con ninguna de sus empresas o instituciones.

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